La Corte Suprema de Justicia dispuso el regreso total a la presencialidad en los tribunales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión trascendental que impactará en el funcionamiento de los Tribunales a partir del próximo 20 de octubre. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias en la prestación de servicios judiciales, el máximo tribunal ha dispuesto el regreso a la presencialidad completa, marcando así un hito en la lucha por la normalización de la Justicia.
La medida adoptada por la Corte Suprema, reflejada en la Acordada 24/2021, ha sido recibida con expectativa y también algunas interrogantes. La decisión de retomar la presencialidad completa en los Tribunales es una respuesta a la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que el pasado 1° de octubre instauró la modalidad presencial en todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional. La Corte Suprema, en su rol de cabeza del poder judicial y ejerciendo sus funciones de superintendencia, ha considerado que es su deber adoptar las medidas necesarias para lograr la normalización de la prestación del servicio de Justicia en el país.
No obstante, es importante destacar que existen excepciones a esta decisión. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que se encuentren comprendidos en el Anexo I de la Acordada 24/2021 quedarán exceptuados de la obligación de concurrir personalmente a sus puestos de trabajo. ¿Quiénes se encuentran contemplados en este Anexo? Aquellas personas que padecen enfermedades como inmunodeficiencias congénitas, VIH, personas que requieren medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, así como también pacientes oncológicos y trasplantados. Estas personas podrán solicitar una licencia extraordinaria, tal como se venía realizando al comienzo de la pandemia, para resguardar su salud y evitar posibles complicaciones derivadas de la presencialidad.
En este sentido, la Corte Suprema ha querido enviar un mensaje claro a todo el personal judicial que deberá concurrir a los tribunales y dependencias para prestar servicios: se deben adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte establecidas por las autoridades competentes en el ámbito respectivo. La prioridad es resguardar la salud de quienes se encuentren trabajando en los Tribunales y garantizar un entorno seguro y protegido para el desarrollo de las actividades judiciales.
Además, la Corte Suprema ha exhortado a respetar los protocolos establecidos tanto por la propia Corte como por las respectivas autoridades de superintendencia. Estos protocolos buscan establecer pautas claras y efectivas para el funcionamiento de los Tribunales, asegurando así una correcta prestación del servicio de Justicia. La colaboración y el compromiso de todo el personal judicial serán fundamentales para garantizar la implementación adecuada de los protocolos y lograr un ambiente de trabajo seguro y eficiente.
Con esta determinación, se espera que los Tribunales retomen su ritmo habitual y puedan hacer frente a los numerosos casos pendientes, brindando una respuesta más efectiva a la sociedad en general. El impacto de la pandemia ha generado un retraso considerable en la resolución de causas judiciales, lo cual ha generado preocupación en la ciudadanía y en aquellos que buscan justicia. El regreso a la presencialidad completa en los Tribunales es un paso significativo hacia la recuperación y fortalecimiento del sistema judicial argentino en estos tiempos desafiantes.
El retorno a la presencialidad completa en los Tribunales será un desafío para todos los actores involucrados en el sistema de justicia. Se requerirá una adaptación rápida y eficiente para asegurar que las actividades se lleven a cabo de manera segura y fluida. Asimismo, será fundamental seguir monitoreando la evolución de la situación sanitaria y estar preparados para ajustar las medidas en caso de que sea necesario. La salud de los trabajadores y la población en general sigue siendo una prioridad indiscutible.
En conclusión, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de retomar la presencialidad completa en los Tribunales a partir del 20 de octubre es un hito importante en la lucha por la normalización de la Justicia en nuestro país. Si bien existen excepciones para aquellos que padecen enfermedades específicas, se espera que esta medida contribuya a agilizar la resolución de causas judiciales y brindar respuestas más efectivas a la sociedad. El desafío ahora será implementar las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y protegido en los Tribunales, siguiendo los protocolos establecidos y priorizando la salud de todos los involucrados. La Justicia argentina está en marcha y comprometida con la prestación de un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos.
¿Y qué ha sido de la Corte Suprema todo este tiempo?
Durante la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia de COVID-19, una de las instituciones más importantes del sistema judicial argentino, la Corte Suprema de Justicia, ha experimentado serias dificultades en su funcionamiento, lo que ha tenido un impacto significativo en la sociedad y en la eficacia de la justicia.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina, como máxima instancia judicial del país, tiene la responsabilidad de velar por la interpretación de la Constitución Nacional y garantizar la aplicación de la ley. Sin embargo, durante la pandemia, ha enfrentado numerosos desafíos que han afectado su capacidad para llevar a cabo estas tareas de manera efectiva y oportuna.
Una de las principales críticas dirigidas hacia la Corte Suprema ha sido su respuesta lenta y deficiente ante los desafíos planteados por la pandemia. Desde el cierre de los tribunales y la suspensión de las actividades presenciales, hasta la falta de adaptación rápida a la modalidad virtual, la Corte ha mostrado dificultades para mantener la prestación del servicio de justicia en un momento crucial para el país.
La suspensión de las actividades presenciales y la transición a las audiencias virtuales ha generado una serie de problemas que han afectado el funcionamiento de la Corte Suprema. En primer lugar, la falta de un marco normativo claro para la realización de audiencias virtuales ha dificultado la adopción de esta modalidad de trabajo de manera efectiva y uniforme en todo el sistema judicial. Esto ha llevado a situaciones de incertidumbre y falta de claridad en cuanto a los procedimientos a seguir y los derechos de las partes involucradas.
Además, la falta de recursos tecnológicos y la escasa capacitación del personal judicial en el uso de herramientas digitales han sido obstáculos adicionales que han dificultado la transición a las audiencias virtuales. La falta de acceso a dispositivos electrónicos y a una conexión a internet estable ha generado desigualdades en el acceso a la justicia, ya que no todos los ciudadanos tienen las mismas facilidades para participar en los procesos judiciales de manera remota.
El impacto de esta ineficiencia ha sido profundo y ha repercutido directamente en la sociedad argentina. Uno de los principales problemas ha sido el retraso en la resolución de causas judiciales. Miles de casos han quedado estancados y las personas que buscan justicia se han visto frustradas ante la falta de respuestas y la dilación de los plazos procesales. La lentitud en la administración de justicia ha generado una sensación de impunidad y desconfianza en el sistema legal.
Este retraso en la resolución de causas ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aquellos que dependen de la justicia para hacer valer sus derechos se han encontrado con obstáculos adicionales debido a la falta de respuesta oportuna. La demora en la resolución de casos relacionados con temas sensibles como violencia de género, desalojos y cuestiones laborales ha dejado a muchas personas en una situación de desamparo y desprotección.
Es importante destacar que la crisis generada por la pandemia ha evidenciado la necesidad de una modernización y adaptación urgente en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es comprensible que la emergencia sanitaria haya generado desafíos y dificultades imprevistas, es responsabilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia buscar soluciones y garantizar el acceso efectivo a la misma.
En este sentido, es fundamental que la Corte Suprema invierta en tecnología y capacitación para asegurar la implementación adecuada de herramientas digitales en el sistema judicial. Esto implicaría proveer a los jueces y al personal judicial de los recursos necesarios, como equipos informáticos y conexión a internet, así como brindar capacitación en el uso de estas herramientas. Además, se requiere una revisión de los procesos internos y una mayor coordinación entre los distintos poderes del Estado para garantizar una justicia eficiente y accesible para todos los ciudadanos.
La situación vivida durante la pandemia debe ser una oportunidad para reflexionar y tomar medidas que fortalezcan el sistema judicial argentino. Es imperativo trabajar en la mejora de los tiempos de respuesta, la transparencia y la confianza en la justicia. La ciudadanía necesita sentir que el Estado está presente y que se están tomando acciones concretas para superar los obstáculos que se presenten, incluso en momentos de crisis como el que hemos vivido.
En conclusión, el funcionamiento deficiente de la Corte Suprema de Justicia durante la pandemia ha tenido un impacto significativo en la sociedad argentina. La lentitud en la resolución de causas, la falta de adaptación a las nuevas tecnologías y las barreras de acceso a la justicia han generado descontento y desconfianza en el sistema judicial. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para modernizar y mejorar el funcionamiento de la Corte, garantizando así una justicia efectiva y accesible para todos los ciudadanos.
Durante la pandemia de COVID-19 en Argentina, no solo la Corte Suprema de Justicia ha enfrentado dificultades en su funcionamiento, sino que también otros espacios políticos se han visto afectados de diversas maneras. A continuación, mencionaré algunas de estas situaciones reales que se registraron hasta septiembre de 2021.
Poder Legislativo: El Congreso Nacional argentino ha enfrentado desafíos significativos para llevar a cabo su labor legislativa de manera normal durante la pandemia. Se implementaron medidas como el trabajo remoto, sesiones virtuales y limitaciones en la presencia física de legisladores y personal. Estas medidas, si bien permitieron continuar con las actividades parlamentarias, generaron dificultades en la dinámica de debate y negociación, así como en la participación de los distintos bloques políticos.
Campañas electorales: La pandemia ha impactado directamente en el desarrollo de las campañas electorales en Argentina. Durante el año 2021, se llevaron a cabo elecciones en diferentes provincias y se acercaban las elecciones legislativas nacionales. La situación sanitaria obligó a los partidos políticos a adaptar sus estrategias de campaña, limitando los actos masivos y reemplazándolos por encuentros virtuales y recorridos más reducidos. Esto ha implicado un desafío para la comunicación política y la interacción directa con los electores.
Relaciones internacionales: La pandemia también ha afectado las relaciones internacionales de Argentina. La limitación de los viajes y las restricciones sanitarias han dificultado los encuentros bilaterales, las cumbres regionales y los eventos internacionales. La diplomacia presencial se ha visto reemplazada por reuniones virtuales, lo que ha tenido un impacto en la dinámica y la calidad de los intercambios diplomáticos.
Espacios de debate y participación ciudadana: La pandemia ha tenido un impacto en los espacios de debate y participación ciudadana en Argentina. La limitación de las reuniones presenciales y la prioridad de las medidas sanitarias han generado dificultades para la organización de encuentros, asambleas y consultas populares. Esto ha afectado la posibilidad de que los ciudadanos se involucren activamente en la toma de decisiones políticas y sociales.
Organizaciones de la sociedad civil: Las organizaciones de la sociedad civil también se han visto afectadas por la pandemia. Muchas de ellas han tenido que suspender o reprogramar sus actividades, encuentros y eventos. Además, la crisis económica generada por la pandemia ha limitado los recursos disponibles para estas organizaciones, dificultando su labor en la defensa de derechos, la promoción de causas y la atención a sectores vulnerables de la sociedad.
Esta crisis debe ser una oportunidad para impulsar reformas que fortalezcan el sistema judicial y promuevan la confianza de la ciudadanía en la justicia argentina.