251 femicidios y 10 travesticidios fueron cometidos entre enero y noviembre de este año en Argentina

251 femicidios y 10 travesticidios fueron cometidos entre enero y noviembre de este año en Argentina

En un informe reciente del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, se reveló que entre enero y noviembre de este año se cometieron un total de 251 femicidios y 10 travesticidios en el país. Además, el informe destacó que 300 hijos quedaron sin madre como consecuencia directa de estos crímenes.

Si bien las cifras oficiales de este año aún no han sido divulgadas por la Corte Suprema de la Nación y se espera que estén disponibles una vez finalizado diciembre, distintas organizaciones de la sociedad civil, como La Casa del Encuentro, han elaborado sus propias estadísticas actualizadas mes a mes, lo que ha generado algunas diferencias en la cantidad de víctimas reportadas.

Por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez registró 277 femicidios y travesticidios en lo que va del año, mientras que la organización civil MuMaLá contabilizó 203 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de noviembre. Estas discrepancias evidencian la necesidad de contar con un sistema unificado y preciso para recopilar y analizar estos datos tan trascendentales.

El informe elaborado por La Casa del Encuentro revela que, de los 261 casos relevados entre enero y noviembre, en 153 de ellos el femicida era la pareja o expareja de la víctima. En 33 ocasiones, el asesino era un conocido o vecino, y en otros 33 casos, los asesinos eran familiares de las víctimas.

En cuanto a la forma en que se cometieron estos crímenes, el informe destaca que 76 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego, 52 fueron apuñaladas, 37 fueron golpeadas y 18 fueron incineradas. Además, en 25 ocasiones se evidenciaron signos de abuso sexual previo a los femicidios.

El impacto de estos crímenes en la sociedad es devastador. Según La Casa del Encuentro, 300 hijos quedaron sin madre como resultado directo de los femicidios, y de ellos, el 58% son menores de edad, es decir, 175 casos. Además, se informó que ocho mujeres estaban embarazadas al momento de ser asesinadas, añadiendo aún más dolor y tragedia a estas situaciones desgarradoras.

El informe también aborda los femicidios vinculados de varones, que son aquellos casos en los que personas fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o estaban presentes en la escena del crimen. Estos crímenes están destinados a castigar y destruir psíquicamente a la mujer. Según el observatorio, se contabilizaron 20 casos de femicidios vinculados en los primeros 11 meses del año.

Otro dato alarmante es que el 62% de las mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares, evidenciando la urgente necesidad de brindar protección y apoyo a las víctimas dentro de su entorno más cercano.

El informe también destaca que, de los casos registrados por La Casa del Encuentro, en 31 oportunidades las víctimas habían realizado denuncias previas contra su agresor, y en 20 de esos casos existían medidas cautelares de prevención en su contra. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de una respuesta eficaz por parte del sistema judicial y de protección a las víctimas en situaciones de violencia de género.

Además, se informa que en 38 casos los femicidas decidieron quitarse la vida, lo que demuestra la complejidad y gravedad de estas situaciones. También se destaca que en 29 casos los acusados de los femicidios eran integrantes o exmiembros de fuerzas de seguridad, lo que exige una atención especial y una revisión exhaustiva de los protocolos y capacitación en este ámbito.

En cuanto a las características de las víctimas, se observa que 183 tenían entre 19 y 50 años, mientras que 30 casos correspondían a menores de 18 años y 46 casos superaban los 51 años. Estos datos subrayan que la violencia de género no distingue edad ni condición social, afectando a mujeres de todas las edades.

Los distritos con mayor índice de casos registrados fueron la provincia de Buenos Aires con 88 casos, seguida por Córdoba con 22 casos, Santa Fe con 20 casos, Tucumán con 18 casos y Santiago del Estero con 14 casos. Estas cifras evidencian la necesidad de una acción coordinada a nivel nacional para abordar este grave problema.

La metodología utilizada por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” implica un minucioso monitoreo de los medios de comunicación, seguido de un seguimiento detallado de cada caso particular. Sin embargo, es necesario contar con un enfoque más integral y preciso para recopilar datos y evaluar adecuadamente las políticas y acciones necesarias para prevenir y abordar la violencia de género en Argentina.

Desde La Casa del Encuentro, se insta al Poder Legislativo a mejorar y actualizar las leyes existentes, al Poder Judicial a atender y proteger a quienes se acercan a denunciar, imponiendo sanciones a los que incumplen con la prohibición de ejercer violencia hacia las mujeres, y al Poder Ejecutivo a tomar medidas que aborden las vulnerabilidades económicas, laborales y habitacionales en todo el país, a través de una evaluación exhaustiva de los riesgos. Estas demandas reflejan la necesidad urgente de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral y comprometida con la protección de los derechos de las mujeres.

En conclusión, los alarmantes números de femicidios y travesticidios en Argentina reflejan una realidad que exige una respuesta contundente y eficaz por parte de las autoridades y de toda la sociedad. Es necesario un compromiso real y una acción coordinada para prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, garantizando la seguridad y la protección de las mujeres y de toda la sociedad en su conjunto. Porque la confianza en las autoridades con respecto a este tema cada vez está más perdida ya que cada vez, de la mano de la concientización de la gente, queda más a la vista la complicidad de quienes dicen trabajar para la Justicia. 

¿Qué sucede cuando la misma justicia, encargada de velar por la seguridad y protección de las mujeres, se convierte en cómplice silenciosa de esta violencia de género? En este artículo, expondremos casos reales que han dejado al descubierto esta perturbadora complicidad.

En abril de este año, se dio a conocer un caso que conmocionó al país. Florencia Gómez Pouillastrou, una joven de 14 años de la localidad de San Francisco Solano, fue víctima de un brutal femicidio a manos de su expareja, un hombre de 30 años. Lo escalofriante de esta historia radica en que, a pesar de las múltiples denuncias previas realizadas por Florencia y su familia ante las autoridades, la justicia no tomó las medidas necesarias para protegerla. Las señales de alerta fueron ignoradas, y el desenlace fue trágico.

Pero este no es un caso aislado. A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de numerosas situaciones en las que la inacción judicial ha permitido que los agresores continúen su accionar violento, cobrando vidas inocentes. Tal es el caso de Julieta Antón, una joven de 20 años que fue asesinada en mayo de 2019 por su expareja en la localidad de Villa Tesei. A pesar de que Julieta había realizado denuncias previas y había obtenido una medida de restricción perimetral, el femicida violó esta medida y cometió el crimen. Una vez más, la justicia falló en proteger a una mujer en situación de vulnerabilidad.

Estos casos son solo la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda y extendida en nuestro país. Las estadísticas revelan una dolorosa realidad: en el año 2020, se registraron 305 femicidios en Argentina, según el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Estas cifras son alarmantes y exigen una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades.

Es necesario reflexionar sobre las razones que llevan a la justicia a no actuar de manera contundente y eficaz en los casos de violencia de género. ¿Falta de capacitación? ¿Indiferencia? ¿Prejuicios arraigados? No hay una única respuesta, pero lo cierto es que la impunidad que rodea a los agresores y la falta de respuestas concretas a las denuncias presentadas contribuyen a perpetuar este círculo de violencia.

En este contexto, la sociedad argentina exige cambios profundos y urgentes en el sistema judicial. Es imperativo que se brinden herramientas efectivas para prevenir los femicidios, así como una respuesta rápida y contundente cuando se presenten denuncias por violencia de género. Asimismo, se deben implementar políticas de capacitación y sensibilización para los operadores judiciales, a fin de erradicar los prejuicios y estereotipos de género que puedan influir en la toma de decisiones.

El camino hacia la erradicación de los femicidios no es fácil, pero es una tarea impostergable. La justicia argentina tiene la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, y no puede seguir siendo cómplice de esta violencia de género. La sociedad demanda un compromiso real y efectivo por parte de las autoridades para poner fin a esta alarmante complicidad.

No podemos dejar de mencionar que la falta de recursos y de personal capacitado en los organismos encargados de abordar la violencia de género también contribuye a la impunidad de los agresores. Es fundamental que se destinen mayores recursos y se fortalezcan los equipos especializados en género, brindándoles las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y efectivas.

Asimismo, es necesario impulsar una reforma integral del sistema judicial que considere y proteja los derechos de las víctimas de violencia de género. Esto implica establecer protocolos claros y eficaces para la atención de las denuncias, garantizar la agilidad en los procesos judiciales y mejorar la protección y contención de las víctimas.

La lucha contra los femicidios no puede ser solo responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones del Estado deben asumir su rol y trabajar de manera conjunta para enfrentar esta problemática de manera integral. La prevención, la educación y la sensibilización son pilares fundamentales para lograr un cambio cultural que erradique la violencia de género en todas sus manifestaciones.

En conclusión, la complicidad de la justicia argentina en los femicidios es una realidad que no puede ser ignorada. Los casos de impunidad y la falta de respuestas efectivas evidencian una profunda falla en el sistema judicial. Es urgente y necesario que las autoridades tomen medidas contundentes para proteger a las mujeres y prevenir los femicidios. La sociedad argentina exige una justicia comprometida y efectiva, que esté a la altura de esta dolorosa problemática. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y segura para todas las mujeres.

De todas formas, es imprescindible destacar el papel fundamental que la lucha feminista ha desempeñado en la visibilización y concientización de esta problemática. El movimiento feminista ha logrado poner en agenda pública la urgencia de abordar la violencia de género y ha generado un impacto significativo en la sociedad.

Las movilizaciones multitudinarias, las marchas y los reclamos han sido un grito desgarrador que exige justicia y un cambio profundo en las estructuras patriarcales que perpetúan la violencia hacia las mujeres. La visibilización de los femicidios y la denuncia constante de la impunidad han contribuido a que la sociedad tome conciencia de la magnitud de esta problemática y se sume a la demanda de acciones concretas.

Es importante destacar que la pérdida de fe en la justicia no es una consecuencia aleatoria, sino que está fundamentada en numerosos casos en los que las mujeres no han obtenido respuestas satisfactorias. La falta de celeridad en los procesos judiciales, la revictimización de las víctimas y la ausencia de medidas efectivas de protección han generado un profundo descreimiento en el sistema judicial.

La lucha feminista ha señalado estas deficiencias y ha denunciado la necesidad de una justicia más equitativa y sensible a las problemáticas de género. La demanda de mayor capacitación y sensibilización para los operadores judiciales, así como la exigencia de políticas concretas de género, son una muestra clara de que el movimiento feminista no solo busca la visibilización, sino también la transformación de las estructuras injustas y opresivas.

Es necesario reconocer los avances logrados gracias a la lucha feminista. La creación de organismos especializados en violencia de género, la implementación de protocolos de atención y la apertura de espacios de diálogo son algunos ejemplos de cómo el movimiento feminista ha incidido en la agenda pública y en las políticas públicas.

Sin embargo, queda mucho por hacer. La violencia de género sigue cobrando vidas y la justicia continúa siendo cómplice en muchos casos. Es fundamental que los reclamos del movimiento feminista sean escuchados y que se traduzcan en acciones concretas. La participación activa de la sociedad, junto con la lucha feminista, es clave para exigir una justicia que esté a la altura de las circunstancias y que garantice la protección y el acceso a la justicia de todas las mujeres.

En conclusión, la visibilización y concientización generadas por el movimiento feminista son un factor determinante en la lucha contra los femicidios. La pérdida de fe en la justicia se ha gestado como respuesta a la falta de respuestas efectivas, pero también como resultado de una demanda constante de transformación y de una justicia que realmente proteja y garantice los derechos de las mujeres. La lucha feminista continúa siendo un motor de cambio y una esperanza de justicia para todas las víctimas de violencia de género.

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