Valentín Diaz Gilligan, ex subsecretario de Presidencia, deberá probar porque ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta offshore en Andorra. Además el ex funcionario también omitió esta información en la declaración jurada y es así que también se lo podría acusar de el delito de omisión maliciosa.
Consiste este tipo penal en la omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, en que incurran el contribuyente o su representante.Se está en presencia de la figura tradicional de evasión que se tipifica por la omisión del contribuyente, existiendo malicia, en declarar los impuestos que adeuda al Fisco.
Fuentes afirmaron que “la tendencia mundial indica que tiene que demostrar de donde salió ese dinero” y agrega que “lo mínimo que se está presuponiendo es evasión fiscal”.
El director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara afirmó: “Diaz Gilligan va a tener que enfrentar el delito de lavado de activos, que son de 3 a 10 años de prisión y el de omisión maliciosa por mentir en su declaración jurada que son máximo 2 años”.
“El delito de evasión sería de -Francisco- Casal mientras que el de lavado sería de los dos” porque no se declaró el dinero e “ingresó en la economía formal, se trata de una operación de lavado. “El lavado es un proceso. Pasar por una cuenta en el exterior es un proceso de muchos. Nadie pone plata en un paraíso fiscal para no usarla, es decir es un paso más para después usar la plata como si la tuviese acá”, explicó.
“La UIF deberá pedir explicaciones sobre el origen de ese dinero a Gilligan y Paco Casal”, se advirtió y que “de todas maneras él trasgrede la legislación”.
El dinero oculto estaba en una cuenta abierta en 2012 y operó hasta finales de 2014, etapa en la que Diaz Gilligan se desempeñaba como funcionario en el Gobierno porteño. El depósito estaba a nombre de una empresa inglesa dedicada a la intermediación en los pases de futbolistas, Line Action, a su vez propiedad de una firma panameña llamada Nashville North Inc, en la que Díaz Gilligan era accionista.
Los declaraciones de Marcos Peña:
- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvo que “no hay ningún caso de corrupción” en el Gobierno y ratificó la intención de “elevar la vara de la institucionalidad”, a la vez que señaló que el presidente Mauricio Macri le pidió “máxima dureza y rigor” en su accionar a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.
- “Seguimos ratificando que queremos elevar la vara de la institucionalidad”, subrayó Peña, y negó que exista “corrupción” en casos como los de Valentín Díaz Gilligan (ex subsecretario general de la Presidencia), Luis Caputo (ministro de Finanzas) y Jorge Triaca (ministro de Trabajo).
- Según el jefe de Gabinete, “hay transparencia pública absoluta para contestar a todas las instancias y ser investigados en tiempo real por la Justicia, del presidente (Mauricio) Macri para abajo, y aún así no hay ningún caso de corrupción”.
- Al ser consultado sobre los casos de los ministro Caputo y Triaca, respondió: “Son discusiones de interpretación sobre si había que declarar o no una una cuestión, o un error, como en el caso de Triaca. No hay ningún hecho de corrupción en esos casos”.
- Asimismo, Peña respaldó a la titular de la OA, a la que calificó como “inobjetable” y “una persona idónea que viene llevando adelante muy bien su tarea”. Aseveró que la OA “estaba devastada y destruida” y “ahora va hacia un proceso de fortalecimiento y creciente autonomía”, y agregó que “Macri le ha pedido máxima dureza y rigor a Alonso para analizar los casos que le lleguen”.
- Al referirse al caso del ex subsecretario general de la Presidencia, Peña aclaró que “él ya explicó lo que pasó, lo que vivió, su convencimiento de que no había hecho nada fuera de la ley ni que vulnere la ética”, y se preguntó: “¿Por qué pensar que hay una trama oculta en algo que fue súper transparente?”.
- Por último, entre las medidas adoptadas por el gobierno en pos de la transparencia, Peña enumeró que “hay un decreto de conflicto de intereses, que antes no lo había”, y que “se endureció también la política respecto de los familiares por encima de lo que dictaba la ley”.
Sobre la evasión:
- La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden.
- Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan como infracción administrativa, sancionándose con multas.