La Administración para el Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés; literalmente, Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos, además del lavado de activos. Pese a compartir jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidroga en el extranjero.
Esa unidad se sumará a un grupo similar que ya opera en Salta, y que está formado por policías federales y provinciales y agentes de DEA, que trabajan en zonas complejas en las que se produce cocaína.
“Este compromiso incluye más analistas que nos ayuden a estudiar de dónde viene la droga”, adelantó la funcionaria sobre la reunión que mantuvo el jueves pasado con el titular del organismo, Robert Patterson.
Bullrich se refirió, de ese modo, a los “especialistas estadounidenses que se incorporarían a trabajar, quienes ya se encuentran desarrollando actividades en la Argentina”.
“Nos pedían que nosotros mandemos la droga a Estados Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA) pudieran analizar de dónde venía, pero eso sería un incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que autorizara la salida del material incautado. Entonces, es mejor que envíen la tecnología a la Argentina y formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias”, explicó Bullrich.
“Es importante para nuestro gobierno poder colaborar con ellos, y ellos colaborar con nosotros. Les ofrecimos tener un trabajo conjunto en la Triple Frontera por el tema terrorismo y creemos que también contaremos con una representación de otras agencias, además de la DEA, que nos permitan tener una mirada más profunda de lo que ahí está ocurriendo”, dijo,a su turno, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.
La funcionaria recibió, además, la preocupación que le trasmitieron altos funcionarios estadounidenses sobre la presencia del grupo libanés Hezbollah en la Triple Frontera.
Sobre la DEA
La Administración para el Control de Drogas (DEA), demostró durante los últimos 20 años, que, las drogas entran a EEUU como pan caliente, primero dijeron que la culpa era de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y lo eliminaron con su equipo de Busqueda y prometieron que ni un gramo más entraría a EEUU, 20 años despúes la repetidora Netflix no para de estrenar series, donde Pablo Emilio Escobar Gaviria y otros son, el patrón del mal y la DEA son los buenos.
La Realidad es que la DEA es el cartel de comercialización de drogas más grande del mundo y en este marco, dejar entrar a la DEA a la Argentina es dejar entrar al cartel para hacer un desastre lamentable. La cróncia indica que la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, obtuvo en Washington el compromiso de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos para armar una task force (fuerza de intervención) con capacidad para actuar en el noreste argentino a fin de evitar el posible ingreso de estupefacientes al país. Argentina va ver en los próximos años un aumento de asesinatos, voladuras, atentados como fué su entrada a Colombia.
La DEA no es una agencia confiable, teniendo en cuenta que solo en Ciudad en Nueva York se consumen la fiolera suma de una tonelada de cocaina por día, por algún lado y alguien la debe dejar entrar, es obvio. El problema no es Latinoamérica, el problema son las narices frias de los Estadounidenses que andan como adictos consumiendo drogas por la nariz. Entre otras drogas y cosas.
Sobre Patricia Bullrich
(Buenos Aires, 11 de junio de 1956) Es una política argentina. Actualmente ejerce el cargo de Ministra de Seguridad de la Nación. También fue Ministra de Trabajo y Ministra de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa; y diputada de Unión por la Libertad por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante tres períodos.
A los 15 empezó la militancia en la Juventud Peronista, recorriendo los conventillos de barrio de Abasto. Estuvo en la masacre de Ezeiza el día que volvió Perón, y en la Plaza de Mayo cuando el expresidente echó a los Montoneros. Pasó seis meses detenida en la cárcel de Devoto, cuando escapó a Brasil, México, España y Francia. Miembro de Montoneros, brazo armado del Peronismo, obtuvo el rango de segunda teniente en la organización, relacionada íntimamente con Rodolfo Galimberti y Roberto Perdia, líderes de alto rango de esa organización. Se hacía llamar “Carolina Serrano” en la guerrilla. Hoy se la conoce por el apodo La Piba. Tras el regreso de la democracia, anduvo cerca de Antonio Cafiero en la renovación peronista; pero pasó a acompañar a Carlos Menem. En 1993 fue diputada por la Capital, en la lista encabezada por Erman González y Miguel Ángel Toma.
Después de un paso breve por la municipalidad de Hurlingham con Juan José Álvarez y de ocupar un cargo en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, terminó recalando en la Alianza de la mano de Antonio de la Rúa y Fernando de Santibañes8 (exjefe de la SIDE).
En el año 1999, en el gobierno de Fernando de la Rúa, fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En abril de 2000 decidió relevar a 112 guardiacárceles que facilitaban la salida de presos de la cárcel e incluso los acompañaban en sus asaltos.
También fue la primera mujer en ocupar el cargo de Ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación entre octubre de 2000 y octubre de 2001. Desde esa cartera impulsó un plan de «transparencia sindical», que incluía entre otros puntos la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos a los dirigentes gremiales. Esto le valió diversos enfrentamientos con los líderes sindicales, entre ellos Hugo Moyano.
Luego desempeñó el cargo de Ministra de Seguridad Social, en el recién creado Ministerio de Seguridad Social, desde octubre de 2001 hasta noviembre del mismo año, momento en el cual renunció.
En el contexto de la llamada «ley de déficit cero», Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13 % a los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones, cuyos montos fueran mayores a los ARS/USD 500 (pesos argentinos convertibles a dólares estadounidenses al mismo valor). Durante su gestión el desempleo se elevó del 15 al 25%.
Creó el partido Unión por la Libertad (en ese momento llamado Unión por Todos) por el que fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una alianza con Recrear. Bullrich quedó en un cuarto lugar con el 9,76%, detrás de Mauricio Macri (37%), Aníbal Ibarra (33%) y Luis Zamora (12,3%). También compitió por un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocupó el sexto lugar entre más de treinta candidatos.
En el año 2007, el partido Unión por la Libertad se integró al frente Coalición Cívica de Elisa Carrió. Ese mismo año Bullrich encabezó la lista en las elecciones de Diputados de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dicha coalición para el periodo 2007-2011.
A mediados de diciembre de ese año puso en funciones a su equipo en el ministerio, sin indicar sus planes y accionar general. Como mano derecha designó a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay y a su vez sindicado como responsable directo de la Desaparición de Santiago Maldonado.
Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016.
Durante su gestión se eliminó el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares Primarios Argentinos 3D de Largo Alcance, suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e INVAP por 1.000 millones de pesos, que servirían para ampliar la cobertura y la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país. Al mismo tiempo trasladó radares desde la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, dejando la frontera sin control ni vigilancia electrónica porque el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para una Cumbre del Mercosur.
Paralelamente se dio un repliegue de 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte. Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%, contándose las personas explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su libertad. En 2015 fueron rescatadas 2.110 pero el número de recates se se derrumbó a 666 en 2016 y 516. a 2017.
En 2019 Correpi presentó un informe preliminar de Correpi que reveló que en 1110 días de gobierno de Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas, siendo el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades, entre ellas gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desaparicion forzada, represión a la protesta o conflicto sociales, etc.