El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, se reunirá con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, en el marco de los nuevos aumentos en las tarifas de gas que el Gobierno Nacional anunció que tendrán lugar después de las elecciones de octubre.
El objetivo de la reunión es realizar los siguientes pedidos:
-Regionalización de la tarifa: las tarifas deben ser pensadas en relación a cada región del país. Actualmente existe una situación compleja en el NEA, el NOA y el SUR. Esta situación se encuentra en un informe realizado por las Defensorías del Pueblo de las provincias que integran esas regiones. Alejandro Amor, en su rol de presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), reclama que exista una lógica de tarifa regional, que contemple las diferencias entre las distintas regiones del país.
-Ampliación de la tarifa social: si bien se reconoce la ampliación de los márgenes de la tarifa social, aún falta mucho camino por recorrer, ya que muchos sectores vulnerables hoy no están contemplados en este derecho. Por eso pedimos que se haga un relevamiento socio-ambiental para que se conozcan los detalles de cada uno de los casos.
-Tarifa especial para las Pymes: éstas son las principales generadoras de empleo (el 70% del trabajo en la Argentina surge de las Pymes), de producción nacional y de riqueza. Por eso el Estado debe tener políticas activas que les permitan afrontar los gastos de las tarifas de servicios públicos esenciales sin que eso genere el cierre o la necesidad de despedir trabajadores.
-Incrementos anuales, como las paritarias: consideramos que si los incrementos salariales se discuten una vez al año, lo mismo debería pasar con la suba de las tarifas de los servicios públicos esenciales.
Según anunció el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, las facturas de gas correspondientes a los meses de julio y agosto se abonarán hasta en cuatro cuotas. Esta medida alcanzará a los clientes residenciales de todo el país, salvo quienes están enmarcados en la tarifa social. Para el Defensor del Pueblo “esa medida es un paliativo que no termina de resolver el problema de fondo, sobre todo el que se está viviendo en las diferentes regiones del país con la llegada de las facturas del invierno”.