UCA: Informe lapidario sobre “Los problemas económicos de las personas mayores”

El informe titulado “Los problemas económicos de las personas mayores: una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad”, que presentaron esta semana el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Fundación Navarro Viola.

Introducción
Un jubilado de Bahía Blanca presentó un escrito tiempo atras ante la Anses para cobrar los “9 mil y pico” de mínima que Mauricio Macri dijo en el programa de Mirtha Legrand que percibían los abuelos argentinos.

El informe
Resulta así un objetivo primordial que las personas mayoresdisfruten de una vida plena, saludable y satisfactoria, en ejercicio pleno de los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el seno de sus familias y comunidades y como integrantes de la sociedad (ONU, 1982). Indudablemente, este ejercicio de derechos abarca no solo las dimensiones materiales de vida, sino también todos aquellos aspectos culturales, simbólicos y psicosociales que atañen a la sociedad y al individuo.

Sin desatender la integralidad del concepto de calidad de vida y las múltiples dimensiones del bienestar, el presente abordaje de las necesidades económicas de las personas mayores otorga importancia, en primer lugar, a las dificultades económicas relacionadas con una alimentación adecuada, con el acceso a ingresos suficientes para la reproducción de la vida diaria y con la falta de cobertura previsional; en segundo lugar, a la pobreza en algunas de sus múltiples dimensiones; y en tercer lugar, a las oportunidades de jubilarse y percibir ingresos jubilatorios adecuados.

1. DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LAS PERSONAS MAYORES
Las carencias económicas, huelga decirlo, no son exclusivas de este grupo poblacional: se expresan en personas de todas las edades que atraviesan situaciones de necesidad; sin embargo, aun cuando niños y
adultos jóvenes las sufran, en las personas mayores adquieren un nivel de criticidad que las convierte en deuda social para con dicha población. Es de este modo como la inseguridad alimentaria, la desprotección
social y la insuficiencia de ingresos se constituyen en situaciones que requieren especial atención en el caso de personas de 60 años y más.

1. Dificultades económicas de las personas mayores

1.1. Las personas mayores con inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria guarda estrecha relación
con la posición que ocupan las familias en la estructura
social; de allí que corresponda evaluar en qué medida las
personas mayores con inseguridad alimentaria presentan
además otras situaciones de carencia estructural.


1.2. Las personas mayores con insuficiencia de ingresos

Como hemos señalado, el 37,8% de las
personas de 60 años y más considera que los ingresos
de su hogar no alcanzan para cubrir las necesidades del
mes. Se caracteriza a continuación este grupo poblacional
con el propósito de contribuir en el proceso de diagnóstico
y diseño de políticas públicas para mejorar la situación
de vulnerabilidad en los casos que lo requieran.


1.3. Las personas mayores que no tienen jubilación ni pensión

En cuanto a la composición sociodemográfica,
se detecta un rasgo muy característico: de cada 10
personas mayores sin jubilación ni pensión, 9 tienen
entre 60 y 74 años. Se trata de una presencia
mucho mayor de este subgrupo que en la población
general, aun cuando se descuenta a los varones menores
de 65 años que aún no han alcanzado la edad
jubilatoria. A su vez, 7 de cada 10 de estas personas
son mujeres, pero en este caso la cantidad está levemente
por encima de la registrada por las mujeres
en la población general.

2. Distintos enfoques sobre la medición de la pobreza en las personas mayores
La líneade indigencia se calcula a partir del costo de la Canasta
Básica Alimentaria, definida esta según las necesidades
nutricionales (energéticas) de un adulto varón
de 30 a 59 años. Como se asume que las necesidades
nutricionales de la mujer adulta (teniendo especialmente
en cuenta su menor peso) son inferiores a las
del varón (25% menores), la línea de indigencia para
una mujer adulta resultará del valor de la línea de indigencia
del adulto varón multiplicado por el coeficiente
0,74. O sea que los ingresos necesarios para no
ser clasificado como indigente, y de ahí, pobre, son
menores cuando en el hogar hay mujeres. La especificidad
en el grupo de las personas mayores es la
incidencia superior de las mujeres (57,5%) asociada
a su mayor longevidad. Entre las personas de 75 años
y más, por cada 1 varón hay 2 mujeres


3. Jubilados/as, jubilaciones e ingresos previsionales: desigualdades preexistentes (y persistentes)

En este sentido, si bien cerca del 94% de este grupo (varones de 65 años
y más; mujeres de 60 años y más) percibe ingresos
por jubilación o pensión, el porcentaje de quienes tienen
ingresos suficientes o ven satisfechas sus necesidades
económicas es significativamente menor.
Es que, aun contemplando solamente a la población
que percibe ingresos previsionales, las heterogeneidades
y desigualdades económicas son de magnitud
significativa. No todos perciben el mismo tipo de
prestación previsional, no todos perciben los mismos
ingresos ni todos logran satisfacer sus necesidades
económicas en igual medida


3.1. Jubilados/as y pensionados/as

Como es de suponer, la finalización de estudios secundarios
incide positivamente en las oportunidades de acceso
a una jubilación por aportes ordinarios (y, como se
verá, de mayores ingresos), al tiempo que los casos de
jubilación por moratoria de los que no han acabado el
nivel medio duplican los de quienes han obtenido esas
credenciales educativas. Asimismo, quienes provienen
de sectores sociales con más y mejores oportunidades de
trabajo poseen más chances de acceder a una jubilación
por aportes ordinarios que quienes pertenecen a sectores
obligados a sortear numerosas barreras de ingreso
al mercado formal y que, por lo tanto, se han insertado
en el mercado de trabajo informal. En este contexto,
el análisis revela que mientras en el estrato más alto la
proporción de jubilados/as por el régimen de aportes
ordinarios alcanza a 9 de cada 10 jubilados (88,8%), en
el estrato más bajo disminuye a 5 de cada 10 (52,6%).
Merece señalarse en este punto que el 47,4% de los jubilados/as
del estrato más bajo son personas que han accedido
a este tipo de protección social por medio de alguno
de los regímenes de regularización de aportes.


3.2. Ingresos previsionales

Los distintos tipos de prestaciones conllevan además
distintos niveles de ingresos, esto es, de satisfacción de
necesidades económicas tanto como de suficiencia de
ingresos y capacidad de ahorro muy variadas. Para varones
mayores de 65 años y mujeres de 60 años y más que
perciben ingresos por jubilación y/o pensión, es decir,
que perciben 1 o más beneficios previsionales, el promedio
de ingresos por estas vías es de $ 8.208.8
La mitad de ellos percibe ingresos de hasta $5.000; solo 2 de
cada 10 tienen ingresos superiores a $ 10.000; y apenas
el 5% supera los ingresos estimados en $ 20.0009.
Considérese que el nivel de ingresos provisto por las
jubilaciones es mayor al recibido a través del sistema
de pensiones;10 en promedio, las personas jubiladas
(que no perciben pensión) ganan 39,3% más que las
pensionadas (que no perciben jubilaciones de ningún
tipo). En efecto, la media para jubilados/as es de $
7.867 y de $ 5.649 para pensionados/as; en el último
caso, el 70% gana hasta $ 5.000 y sólo 1 de cada 10
supera los $ 10.000 de ingresos


3.3. ¿Cómo evalúan las personas mayores el sistema previsional?

En este marco, cristalizan en el colectivo de personas
jubiladas dos procesos de distinta índole. Por un lado,
en pos de favorecer la equidad y reconocer los esfuerzos
realizados a todas aquellas personas mayores cuyas
trayectorias laborales han transcurrido en la exclusión
del sistema formal, o bien cuya labor social
de reproducción no ha sido económica ni socialmente
reconocida. Muestra de ello ha sido el proceso de inclusión
atravesado entre los años 2000 y 2010, cuando
la tasa de cobertura previsional en las mujeres
mayores de 64 años pasó del 68% al 92,4%; y cuando,
durante el mismo lapso de tiempo, la inclusión al
sistema previsional y a la categoría de “Jubilados” de
los sectores socialmente más desfavorecidos pasó del
50% al 84% (Rofman y Oliveri, 2011).
Por otro lado, se observan marcadas heterogeneidades
en el nivel de ingresos resultantes de las desigualdades
en cuanto a oportunidades y trayectorias laborales, las
cuales anclan a su vez en históricas desigualdades relacionadas
con la posición que ocupan los sujetos en
la estructura social. Así pues, una vez más, pese a sus
inferiores ingresos y mayores dificultades económicas,
son los sectores sociales más vulnerables los que manifiestan
menos disconformidad con el sistema previsional;
y por ende, son las personas jubiladas y pensionadas
con trayectorias laborales más estables, las cuales
han logrado acceder a una jubilación por aportes ordinarios
y en términos relativos tienen ingresos más altos
que sus pares con trayectorias más inestables, quienes
expresan mayor percepción de disconformidad con
el sistema previsional.

Según esta investigación, el 38% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades.

Además, la falta de sustento también muestra relación con el estado de salud: tienen malestar psicológico, ansiedad o depresión (37,5%), y su salud bastante o muy comprometida (31,6%); se sienten poco o nada felices (19,2%) y carecen de proyectos personales que les permitan trascender el día a día (30%).

Acerca de la importancia de poner en agenda las necesidades de este grupo subrayó Enrique Amadasi, coordinador del estudio y del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA.

“Entre los especialistas no hay acuerdo acerca de que la línea que se utiliza para medir la pobreza en la población en general (según el nivel de ingresos) sea aplicable a las personas mayores”, dijo.

Además explicó: “esto es porque tienen una canasta distinta, que aún no se ha valorizado. Mientras no se defina esa canasta alternativa, utilizamos este indicador de pobreza subjetiva, que consiste en relevar a aquellas personas que declaran que los ingresos de su hogar no les alcanza para cubrir las necesidades del mes”.

Inés Castro Almeyra, directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, enfatiza en la necesidad de estudiar las condiciones de vida de las personas mayores, por cómo está creciendo este grupo que en 2050 será más numeroso que el de niños y adolescentes y por la poca información que existe.

“Hay muchas vejeces: las personas tienen necesidades, capacidades y trayectorias de vida muy diferentes. Buscamos repensar cuáles son sus recursos y expectativas para entenderlos en toda su dimensión. Contar con esta información es clave a la hora de pensar en políticas públicas”, manifestó.

Castro Almeyra piensa que los adultos mayores no ocupan hoy el lugar en la agenda que deberían y que aún hay muchos mitos por derribar.

“Hoy hay mucha discriminación basada en estereotipos que no son inocentes: no hay que asociar la vejez a la enfermedad o a la dependencia. Más del 60% percibe que su salud es buena y está en plena actividad. Hay que resignificar esta etapa de la vida”, añadió.

1. ALIMENTACIÓN ADECUADA: Se considera el acceso por parte del hogar a una alimentación adecuada, lo que supone como mínimo no pasar privaciones en las porciones necesarias de comida por motivos económicos.

2. COBERTURA DE SALUD: Se considera la dotación de recursos frente a situaciones de riesgo respecto a la salud, su condición deficitaria se define a partir de la situación en la que algún componente del hogar no tiene ningún tipo de cobertura de salud y donde el hogar tuvo que reducir gastos en consultas y/o en medicamentos por motivos económicos.

3. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: Se consideran servicios básicos a aquellos vinculados al saneamiento de la vivienda. Se identifica la situación de carencia cuando existe déficit en el servicio sanitario o ausencia de conexión a la red de agua corriente.

4. VIVIENDA DIGNA: Se evalúa el tipo y los materiales que constituyen la vivienda por una parte, y por otra el espacio que tiene la misma, como indicadores asociados al derecho a una vivienda digna, el déficit en cualquiera de estos aspectos determina privación en la dimensión.

5. ACCESOS EDUCATIVOS: El criterio normativo utilizado responde a la noción de integración educativa a partir de la asistencia pasada o presente a instituciones educativas formales. Se definió como carencia la presencia de niños o adolescentes sin asistencia escolar y que no han terminado el secundario, o bien que ninguno de los componentes adultos del hogar haya alcanzado un nivel mínimo de credenciales educativas.

6. EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: Se consideró como carencia asociada al derecho a un empleo decente y a la seguridad social, la situación en la que un hogar no cuenta ni con la presencia de ningún componente con un empleo con aportes a la seguridad social ni con ninguna jubilación o pensión contributiva.

El informe completo se puede leer aquí

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